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En medio de una amplia difusión de folletos, artículos de prensa y proyecto de ley que discutían sobre la política agraria que mas le convenía al país, el presidente José María Achá (1861-1864) asumía la “resurrección” de los decretos bolivarianos, postulando la repartición individual de las tierras baldías o sobrantes, sin tomar en cuenta que dentro de la organización comunal precisamente estas eran las tierras del común. Los terrenos que quedaran libres debían venderse en subasta pública para poder pagar los sueldos devengados a los empleados públicos. Así, cada indio comunario quedaría reducido a la propiedad de una ridícula extensión de dos o cuatro “topos” (cada topo media 2.000 varas cuadradas; una vara = 0,83 mts.)

Al parecer, los aspirantes a convertirse en nuevos hacendados ya estaban preparados para competir con los terratenientes tradicionales, lo que daría lugar a una intensa polémica entre ambos sectores. En ese contexto, el asalto al poder perpetrado por Mariano Melgarejo (1864-1871) cayó como anillo al dedo para quienes deseaban convertirse en “señores de la tierra” y también para los funcionario civiles y militares, cuya única posibilidad e resarcirse de los sueldos no recibidos durante ocho o diez meses era a través de la otorgación de tierras “subastadas” por el Estado.

De esa manera, el decreto de 20 de marzo de 1866 y la ley de 28 de septiembre de 1868 fue el “arma legal” con la que Melgarejo llevo a cabo el primer ataque masivo y sistemático contra la propiedad comunal de la tierra. Obligando a los indios originarios a pagar un canon para consolidar la propiedad individual de la tierra y a renunciar a cualquier forma de propiedad colecita, el gobierno les otorgo un plazo de 60 días, luego de los cuales, en caso de incumplimiento, se efectuaría el remate público de los “ex-terrenos” comunales.

Ventas sin previo aviso de remate, adjudicaciones ilegales por parte de los propios subastadores o sus parientes, mensuras y tasaciones falsas de los terrenos, ejecuciones antes del plazo estipulado y usurpaciones violentas, fueron el marco de esta primera gran expoliación de tierras de comunidad. No obstante, el tiempo resultaría insuficiente para la transformación efectiva de las comunidades en haciendas, debido al golpe de estado de Agustín Morales (1871-1872) y a la gran reacción de los comunarios, sobre todo del Altiplano paceño, quienes se encargaron de poner a Melgarejo en la frontera peruana, mediante una persecución que termino con la vida de varios de sus soldados.

Sin embargo, la embestida efectuada durante la presidencia de Melgarejo constituiría el antecedente más importante para lo que tendría durante los periodos conservadores (1880-1889) y liberal (1900-1920): la desestructuración de la organización comunal y su reemplazo por un sistema basado en las relaciones serviles entre hacendados y colono, o mejor dicho, entre “patrones” y “pongos”.
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