- LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA (NPE)
El conjunto de medidas de la NPE, especialmente la Reforma Tributaria de 1986 y las decisiones tendientes a unificar los tipos de cambio, actuando en un nuevo contexto de democratización política, aunque en medio de fortísimas tensiones sociales, tuvieron un indiscutible éxito en el objetivo de controlar la hiperinflación y de estabilizar el cuadro macroeconómico. De hecho, en los organismos internacionales, así como entre los inversores financieros, la NPE es considerada como uno de los planes de estabilización más exitosos de Latinoamérica. En el otro lado de la balanza cabe destacar los efectos que el plan de estabilización provoco en la distribución de lamenta, haciendo todavía más manifiestas las desigualdades sociales y las carencias generalizadas en la oferta de servicios y bienes públicos. Pero lo que quizás suscita mas interrogantes e incertidumbres es la propia indefinición del empresariado boliviano a la hora de optar por invertir y ocupar el espacio que ha sido dejado por el propio Estado.
- EL CONTEXTO INTERNACIONAL
La economía del país ha sufrido mutaciones estructurales en los últimos años del siglo XX, motivadas en parte por la propia acción política de los distintos gobiernos así como por la transformación de los contextos internacionales en que operaba tradicionalmente.
La reorientación geográfica de los intercambios, que sitúa a los países latinoamericanos como principales socios comerciales, la caída de los precios del estaño, la brusca interrupción de la exportación de petróleo junto a la emergencia de nuevos sectores en expansión como es la exportación de gas, el creciente incremento de la producción de hoja de coca y de cocaína, la producción y exportación de soya y el desarrollo de la ganadería intensiva destinada al mercado brasileño, principalmente, entre otros aspectos, configuran una económica muy diferente a la que existía a principios de la década de 1980.
Perduran los rasgos característicos del subdesarrollo y la orientación productiva hacia el mercado exterior, pero en un contexto diferente y con cambios significativos en la estructura socioeconómica. Estos cambios son especialmente visibles en le mercado de trabajo, en la expansión del sector informal de la economía, en la reorientación del viejo modelo primario-exportador y en la transformación de la agricultura tradicional.
En el nuevo orden económico internacional no parecía haber lugar para la tradicional economía boliviana, en manos del Estado, basada en la producción de minerales y combustibles. Los cambios operados para adaptarse a este nuevo esquema internacional han sido impresionantes y en algunos aspectos ha logrado éxitos notables. Sin embargo, en este plano el país se enfrenta a dos grandes desafíos. El primero consiste en saber si la nueva economía nacional será capaz de avanzar en la solución de los problemas estructurales del país, especialmente en la mejora significativa de las condiciones de vida de la población; y el segundo plantea si será posible avanzar en la construcción de una economía cuyo funcionamiento dependa esencialmente de lo que ocurre en el país y su entrono y no de lo que determinen factores económicos indefinidos y que actúan a escala mundial.
La respuesta a estos interrogantes la tendremos en los próximos años, pero lo que hoy es seguro es que nos e pueden disociar ambos objetivos.
En abril de 1984, en un contexto de crisis generalizada en el sistema financiero latinoamericano, se produjo el acuerdo entre la Central Obrera Boliviana y el Gobierno para proceder a la suspensión de pagos de la deuda externa contraída con la banca privada. Esta decisión es prácticamente única en toda Latinoamérica. Sin embargo, en términos prácticos, esta opción estratégica no tuvo mayores efectos dado que la parte más significativa de los compromisos financieros correspondían a acreedores oficiales. Este hecho ha pesado muy significativamente en el funcionamiento de la economía nacional en estos últimos quince años dado que, en la práctica, ha condicionado mucho más a la economía boliviana, en comparación con otros países latinoamericanos. Como se sabe, las agencias multilaterales tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la corporación Andina de Fomento, operan con los países que se benefician de los créditos, de forma que el desembolso real de lo prestado se condiciona a la realización efectiva de los proyectos y sobre todo al hecho de que no existan pagos atrasados de otros créditos. La experiencia histórica de Bolivia y de Latinoamérica muestra que en líneas generales ha resultado mas fácil renegociar las condiciones de la deuda externa y reestructurar su composición y sus vencimientos con la banca privada que con los acreedores oficiales.
Desde principios de la década de 1990 la deuda externa ha empezado a ser mas manejable para a economía nacional, en parte por la renegociación, que ha permitido reestructurar algunos activos, bajada de los tipos de interés y la reactivación de las exportaciones e inversiones externas, las cuales han asegurado un flujo regular de divisas hacia la economía del país. Aun así, hay que tener en cuenta que su servicio en 1996 (300 millones de dólares, de los cuales un 50% restante a amortizaciones de capital) representaba el 25 por ciento del valor total de las exportaciones. En 1996 el monto total de la deuda externa sobrepaso los 4500 millones de dólares y a principios del año 2002 se calculaba en torno a 4441,8 millones de dólares. Actualmente la estructura de la deuda exterior pública se caracteriza por la preeminencia de los acreedores multilaterales, que representan un 56%, mientras que los bilaterales representan sólo un 43%. Hay que decir que el endeudamiento con el sector privados apenas alcanza al un por ciento. Entre los acreedores multilaterales el principal es el Banco Interamericano de Desarrollo, con un 57% de la deuda; el Banco Mundial, con un 32%; y la Corporación Andina de Fomento, con un 7%. Los principales acreedores bilaterales son Japón, Alemania y Bélgica. Brasil y Argentina son también acreedores importantes.
El sistema financiero boliviano ha dado muestras de su fragilidad, precisamente en el momento en el que el Banco Central introducía cambios muy significativos en la política cambiaria. En especial, el llamado tipo de cambio de paridad central, sistema que se basa en una canasta de cuatro monedas (dólar, libra esterlina, yen y euro) ponderadas en función de su importancia relativa en la balanza de pagos. Este tipo de cambio, administrado por el Banco Central de Bolivia, constituye un paso más en el proceso general de “desdolarización” de la economía.
Dentro del programa de reorganización económica general de la Nueva Política Económica, la Superintendencia de Bancos de Bolivia fue transformado el marco tradicional en el que operaban los bancos y organizaciones financieras en general. A partir de 1988 se generalizó el control de normas tales como establecer mecanismos de clasificación de cartera, constitución de provisiones de reservas, control de deudores vinculados, etcétera. En 1993 se dicto una nueva Ley de Bancos y Entidades Financieras que normaliza el procedimiento de control y regulación del sistema bancario.
En 1995, en un contexto de fuertes tensiones financieras en toda Latinoamérica, motivadas por la crisis mexicana, varios bancos tuvieron problemas de falta de liquidez y solvencia. En los casos del Banco de Cochabamba y el Banco del Sur la insolvencia fue total y las entidades fueron liquidadas como tales, haciéndose cargo el Estado de sus depósitos. Posteriormente la crisis afecto al Banco Boliviano Americano (BBA), uno de los seis más grandes del país; esta crisis solo pudo ser remontada gracias a la intervención del Banco Central de Bolivia. La crisis bancaria de 1995 fue considerada como una señal de alarma por la Administración que, a parte de la legislación de 1993, que creaba un marco normativo para el funcionamiento, creo por decreto ley un Fondo de desarrollo del sistema financiero y de apoyo al sector productivo. El objetivo de este nuevo instrumento es aportar recursos para incrementar la disponibilidad de liquidez de los bancos. El fondo, constituido con recursos aportados principalmente por organismos internacionales, establece una norma de funcionamiento operativo tendiente a mejorar la transparencia del mercado financiero y exige como condición previa a la utilización de sus recursos el ajuste de los estados financieros a normas de contabilidad homologadas por el Banco Central de Bolivia.
La gran fragilidad del sistema financiero boliviano proviene principalmente del hecho de que la abrumadora mayoría de los depósitos bancarios del país esta sujetos a una retirada con la única condición de un preaviso de 48 horas y se corresponden, además, a los activos de un numero muy reducido de depositantes. La nueva política tiene que ser capaz de superar este bloqueo estructural y, al mismo tiempo que se estabiliza el sistema bancario, tiene que convertirse en un instrumento efectivo para financiar las actividades productivas, capaz de desarrollar políticas crediticias para sectores específicos como los campesinos, los comerciantes y los pequeños empresarios, a través de los micro créditos u otros instrumentos financieros apropiados, y también facilitar la demanda de una parte de la población que necesita financiamiento destinado al consumo de bienes duraderos.
Debido al peso que tiene el gasto público en la actividad económica boliviana (Bolivia, junto a Brasil, posee el mayor coeficiente de gasto público, en relación al PIB, de toda Latinoamérica), resulta de especial interés observar la evolución de las cuentas publicas. El país ha iniciado en este terreno una especie de transición respecto a la importancia y origen de los ingresos públicos. Hasta 1995, fecha en que se inicia el proceso de privatización / capitalización, el Tesoro recaudaba la mayor parte de sus ingresos de algunas de las grandes empresas publicas. Pero, al mismo tiempo, el erario público debía asumir los déficit corrientes de las empresas publicas en números rojos y financiar los programas de inversión de estas sociedades. Su privatización parcial o total ha dejado sin una fuente de ingresos muy importante al Estado. La citad transición ha de asegurar las condiciones para mantener e incrementar el gasto público cuando se dispone de menores ingresos.
La política fiscal
La política fiscal en Bolivia se ha caracterizado tradicionalmente por la aplicación de unos tipos de impositivos muy bajos que se traducen en una escasa capacidad recaudatoria. Además, la dimensión que ha adquirido el sector informal de la economía, junto a las actividades financieras inducidas por el dinero del narcotráfico, hace que una parte significativa del movimiento económico real escape a cualquier fiscalización. En 1987 se promulgo la Ley de Reforma Tributaria que pretendía sentar las bases de un sistema tributario más eficiente. La nueva normativa significo una drástica reducción de los tipos impositivos, que pasaron de más de cuatrocientos impuestos a menos de diez, con el consiguiente efecto de clarificación y simplificación. El gran objetivo de esta reforma era mejorar la eficiencia del sistema recaudatorio boliviano e incrementar el número de tributantes.
Una de las áreas en las que más esfuerzos se han hecho para la recaudación es en la del proceso de internación de mercancías y en la del desarrollo de un sistema aduanero operativo. Con la ayuda financiera y técnica del Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio de hacienda de España, en este ámbito se ha optado por desarrollar un programa de racionalización de la estructura administrativa que, entre otras medidas, prevé la parcial privatización de algunos segmentos del sistema de aduana, sobre todo los recintos aduaneros que tienen mayor movimiento de mercancías, muy especialmente aeropuertos y puestos fronterizos.
A pesar de esta privatización de la gestión operativa del sistema aduanero, la Aduana Nacional conserva las funciones de control y de regulación del conjunto de puestos aduaneros. De una u otra manera el sistema aduanero ha de desarrollar mecanismos de control eficientes a fin de luchar contra el creciente contrabando y la evasión fiscal en un o de los sectores –importación/exportación de mercancías- que mas pueden aportar, por su dinamismo y forma de funcionamiento, a la hacienda pública. Debe también establecer las bases de un sistema impositivo progresivo que legitime socialmente la actividad recaudatoria de la Administración.
Con todo, hay que señalar que desde 1990 se ha dado un crecimiento sostenido de los ingresos tributarios medidos como coeficiente del Producto Interior Bruto. Así, los ingresos tributarios del Estado han pasado de un 6 % del PIB en 1990 hasta un 12% en 1995. Esta importante variación porcentual no oculta el hecho de que siga siendo un de las tasas mas bajas de Latinoamérica. El aumento en el impuesto de transacciones unido a una mejora en el impuesto de transacciones unido a una mejora del sistema de recaudación ha permitido incrementar el peso de los ingresos tributarios dentro del conjunto de ingresos con que se financia el gasto público. En la financiación del déficit público siguen siendo muy importantes los recursos aportados por organismos internacionales y las donaciones externas, que en 1996 alcanzaron el 2% del PIB.
Un rasgo característico en las estrategias de apertura al mercado mundial desarrollada por los países del Tercer Mundo e impulsada por organismo internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras agencias del sistema internacional, ha sido la centralidad que se otorgaba a la creación de condiciones macroeconómicas que resultasen atractivas para los inversores, especialmente para los inversores internacionales.
Estos procesos de apertura incluían una política económica estabilizadora, garantías económicas y políticas sobre las inversiones, sobre la protección de las mismas, un tratamiento fiscal favorable, las posibilidades de repatriar beneficios, etcétera. Asimismo implicaban una cesión más o menos significativa, según los países y las circunstancias del papel del Estado, a la empresa privada.
Bolivia desarrolló una política intensa de incentivos a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, como resultados desiguales. Se podría establecer una cierta periodización en el diseño y aplicación de este elemento fundamental de la estrategia económica.
En el periodo 1985-1987, momento en que la política tenia como objetivo primordial conseguir la estabilización macroeconómica y el control de la hiperinflación, empezaron a sentarse las bases para la recuperación de la inversión y del crecimiento económico. Una segunda serie de reformas estructurales se produjo en el periodo 1989-1992, que consistieron básicamente en una mayor liberalización, al abrir nuevas y mayores oportunidades a los inversores nacionales y extranjeros. De especial importancia en esta fase fueron el código de inversiones de 1990, la Ley de Hidrocarburos de 1990, la Reforma del Código Minero y especialmente la Ley de Privatizaciones de 1992.
Finalmente, en 1993 se inicia la tercera etapa bajo el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuyo punto central es la promulgación en 1994 de la Ley de Capitalización, que permite la transferencia del 50 por ciento del valor de las seis mayores empresas estatales a socios inversionistas privados, que pueden ser tanto nacionales como extranjeros. Las empresas integradas en este plan estratégico son la Empresa Nacional de Electrificación, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Lloyd Aéreo Boliviano, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Empresa Minera de Vinto. Una decisión de esta envergadura -estas seis empresas son parte fundamental en las exportaciones del país y su volumen de actividad representa un porcentaje considerable de la renta nacional- difícilmente podía ser aceptada sin conflictos sociales. La Ley de Capitalizaciones obligo a modificar la Constitución, a crear un nuevo sistema de reglamentación de todos los sectores implicados y al mismo tiempo elaborar leyes específicas, entre las que debe destacarse la Reforma del Sistema Tributario. Este proyecto, de características únicas en Latinoamérica, prevé que una parte de los recursos generados por la enajenación de activos públicos no reviertan al Estado, sino que se inviertan directamente en la empresa. De igual manera se prevé que el 50 % del valor de estas sociedades que queda en manos del Estado se transferirá a las cuentas de pensiones de todos los ciudadanos y ciudadanas del país que hubiesen alcanzado la mayoría de edad (18 años) en Diciembre de 1995. Esta decisión, vinculada estrechamente a la política de reestructuración de las pensiones, implica una serie de problemas operativos de gran complejidad, especialmente en Bolivia, donde la estructura del empleo esta muy marcada por el sector informal de la economía.
Además, desde el punto de vista de la equidad de la decisión, cabe ver una cierta discriminación generacional que afecta muy significativamente a aquellos grupos de bolivianos que alcanzaron la mayoría de edad a partir de 1997. En el año 2002 la reforma de la ley de pensiones continuaba siendo un tema aparcado pese a ser reconocido como prioritario por el gobierno, a través del ministerio de Trabajo, sobre todo dad la problemática que afectaba a los ex trabajadores de la denominada <<generación sandwich>> que reclamaban su jubilación.
- LA PRIVATIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
El marco institucional del proceso de privatización de la economía boliviana lo ha proporcionado el Consejo Nacional de Economía y Planeamiento (CONEPLAN), organismo que se ha encargado de vigilar y regular los sectores, las condiciones y los ritmos de las privatizaciones. Las privatizaciones has adoptado la forma de subasta pública, de licitaciones o han provocado la entrada de los activos de las empresas en la bolsa. El paso a manos privadas del control y de la gestión de empresas públicas en sectores estratégicos ha obligado a la Administración a crear un mecanismo de control y regulación que función a como una superintendencia que se ocupa especialmente de los sectores de aguas, electricidad, hidrocarburos, telecomunicaciones y transporte.
En el periodo 1992-1997 se privatizaron un total de 97 empresas, y en la actualidad el plan de capitalización / privatización puede considerarse cubierto exitosamente en sus objetivos iniciales.
En el proceso de capitalización el sistema funciona de manera que el Estado aporta los activos reales, es decir, el valor de la empresa en el momento de la operación, a titulo de capital accionarial inicial. Los inversionistas privados (nacionales o extranjeros) aportan por su parte una determinada cantidad de capital nuevo a invertir en un plazo convenido, a cambio de la tima de posesión del 50% de las acciones de las sociedades y sumen la gestión operativa de la empresa o grupo de empresas. La aportación del socio inversor adopta la forma de capital monetario a fin de proveer de liquidez y de capitalización tecnológica a la sociedad, con objeto de de morara los procedimientos productivos, la gestión y la comercialización de los productos. En 1995 fue privatizada la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) por 140 millones de dólares; el mismo año se privatizo la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) por 610 millones de dólares y la línea aérea nacional de Bolivia por 50 millones de dólares, también fueron privatizadas las redes orientales y occidentales de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) por 40 millones de dólares. La privatización de ENTEL obligo a cambiar la Ley de Telecomunicaciones a fin de posibilitar la apertura de este sector a la competencia del mercado, permitir la asociación entre ENTEL y operadores extranjeros, y regular los derechos exclusivos para prestar servicios de telefonía local y de larga distancia. La empresa italiana Eurom Telecom International (ETI), filial de la Societa Torinese Esercizi Telefonice, fue la adjudicataria de ENTEL. A esto se ha de agregar la política de traspaso al sector privado prácticamente de la totalidad de las más de 180 empresas públicas de menores dimensiones.
La aplicación de esta estrategia económica ha estado alentada por los organismos internacionales y especialmente por las agencias acreedoras en forma de consejo y recomendaciones, pero también ha soportado presiones económicas directas que has creado en algunos momentos fuertes tensiones con la Administración boliviana. Este fue el caso de la suspensión de créditos ya concedidos por el Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo en 1995, por valor de 40 millones de dólares, por el presupuesto retraso en la capitalización de las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Metalúrgica y Metalúrgica de Vinto.
Con estas opciones estratégicas la Administración estatal prevé, por una parte, capitalizar tecnológicamente las seis grandes empresas y, por otra, generar un volumen de recursos que en el periodo 1996-2003 puede acercarse al 30 por ciento del PIB. Estos recursos, según los planes oficiales, pueden hacer las veces de un catalizador capaz de potenciar el crecimiento económico en los próximos diez años y generar una mejora sensible en las infraestructuras de todo tipo que, dad su precariedad, acaban convirtiéndose en un nudo que ahoga la expansión económica.
- EL BLOQUEO DE LA INVERSIÓN
Los datos sobre la evolución de la inversión resultan, a primera vista, sorprendentes. De hecho, más de una década de estabilidad macroeconómica continuada y la creación de un marco jurídico muy propicio no han sido suficientes para relanzar el proceso de inversión del empresariado boliviano. La tasa media de inversión en el país, medida en relación al PIB, ha estado en los últimos diez años significativamente por debajo de media de Latinoamérica. Con todo, la liberalización de las importaciones de bienes de Capital ha tenido el beneficioso efecto de desplazar parte de los flujos de inversión del sector privado desde la construcción hacia los bienes de equipo y maquinaria. Entre 1988 y 1995 esta relación se ha invertido completamente. Así, la proporcionen 1988 era de un 34% destinado a la inversión en maquinaria y equipo frente a un 66% en la construcción. En 1995 la proporción era prácticamente la inversa: el 63,4% de inversión en maquinaria y equipo y un 36% en la construcción. Este cambio refleja una tendencia continuada; sin embargo, esta tendencia no se evidencia en la inversión publica, lo que, dada su importancia en el conjunto de la inversión, hace que el cambio global sea finalmente menos significativo. De hecho, en 1996, aproximadamente el 50% de la inversión total provenía del sector publico, una cantidad similar a la de 1980. La importancia de este hecho radica en que la inversión en maquinaria y bienes de capital se traduce mayoritariamente en un incremento de la capacidad productiva o en una mejora y racionalización de la organización económica. Si se analiza lo ocurrido entre 1980 y 1995 en el proceso de formación de capital veremos que, con las oscilaciones naturales de los ciclos económicos, la inversión pública ha mantenido un dinamismo mucho más significativo que la inversión privada.
Para muchos analistas bolivianos e internacionales la debilidad continuada de la inversión privada tiene múltiples, pero una muy significativa es la carencia de infraestructuras, especialmente en telecomunicaciones, transporte, carreteras y vías férreas, lugares de almacenamientos. Toda la infraestructura física es en general muy deficiente. Las principales vías de transporte se encuentran en las zonas mineras, actualmente en declive. De igual manera, el capital humano esta insuficientemente formado, de tal suerte que a pesar de la disponibilidad de una gran fuerza de trabajo no siempre se encuentran trabajadores especializados o con un buen nivel de formación. Este conjunto de factores que resultan decisivos para configurar la productividad media de la economía boliviana seguramente funciona como un bloqueo a la inversión productiva, al no visualizar los empresarios las oportunidades de rentabilidad en tal contexto. Esto acaba operando como una especie de circulo vicioso que se autorreproduce y que solo es posible superar mediante políticas activas de mejora del nivel medio de las infraestructuras del país y de la formación de la fuerza de trabajo.
El escaso desarrollo de los mercados financieros es otro de los factores que explican la débil tasa de formación de capital y la indecisión de los inversores privados. En su abrumadora mayoría el crédito se canaliza a través del sistema bancario, que posee un marcado carácter oligopolista. La banca esta constituida por muy pocas instituciones, y estas han desarrollado estrategias de créditos muy similares que implican márgenes muy elevados, la obligación de los clientes de presentar garantías inmobiliarias para la obtención de préstamos y la práctica inexistencia del crédito a largo plazo –fundamental para cualquier inversión productiva. A esto se une el hecho de que, en su práctica totalidad, los depósitos en el sistema bancario boliviano son en divisas y están colocados en operaciones de corto o muy corto plazo. Todo lo cual se traduce en la necesidad de los bancos de mantener un alto grado de liquidez, con la consiguiente influencia sobre los tipos de interés y la escasa o nula disponibilidad de recurso para financiar la actividad productiva. En definitiva, el sistema financiero, tal y como se ha configurado a finales de la década de 1990, se ha revelado como un obstáculo serio al proceso de inversión, en la medida en que su estructura deja fuera de las posibilidades de financiamiento a los pequeños empresarios y campesinos así como a proyectos empresariales viables a medio y largo plazo.
Las características del mercado interno funcionan también como un límite estructural, como un bloqueo, al proceso inversor. La distribución del ingreso, la dimensión del sector informal y, en definitiva, el bajo poder adquisitivo de gran parte de la población, hacen que la demanda interna de bienes y servicios sea escasa. La falta de dinamismo del mercado interior se explica por la desigual distribución del ingreso que históricamente ha caracterizado a la economía del país; así, según el censo de 2001, el 58,6% de los hogares se clasifican como pobres, de ahí que cualquier mejora en la distribución del producto genere un incremento inmediato de la demanda de bienes y servicios básicos, con los consiguientes efectos positivos sobre la demanda y la producción de alimentos, vestido, medicinas y servicios básicos.
Estos datos, que enmarcan los diagnosticos realizados por agencias internacionales sobre la economía boliviana en los últimos años, indican que de cara al siglo XXI cualquier mejora económica duradera tiene que ir asociada a la superación de las condiciones de vida de la población. El gobierno elegido en agosto de 1993 intento enfrentar parcialmente esta situación con una estrategia socioeconómica llamada << Plan de Todos>>, que preveía una descentralización tendiente a garantizar un mínimo de inversión en los sectores sociales mas necesitados. La Ley de Participación Popular transfiere a las municipalidades la responsabilidad de gestionar y conservarlas infraestructuras en diversas áreas (sanidad, educación, sistemas de irrigación, etcétera), para lo cual se dotara a los gobiernos locales con un 20% de los ingresos fiscales de todo el Estado.
Precisamente la necesidad de mantener los ingresos públicos, provenientes mayoritariamente de las empresas mineras propiedad del Estado, ha obligado a la Administración boliviana a reorientar, en un contexto de restricciones, un aparte de sus inversiones en infraestructuras hacia la minería y los hidrocarburos. De hecho, en 1995 la parte de la inversión pública destinada a infraestructuras seguía por debajo del nivel de 1987, año en que alcanzo un 40% del total.
Todo esto hace pensar que la debilidad del proceso de formación de capital, en comparación con la media de Latinoamérica y de los países de la región, y la indefinición del empresariado boliviano en la inversión responden, más que a una desconfianza en la política económica o en las estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo, a causas estructurales que hacen difícil mantener expectativas viables para la inversión en el sector productivo a medio y largo plazo. Sin embargo, cuando se analizan los datos de inversión de la ultima década del siglo XX se intuye una cierta recuperación de la economía boliviana durante la gestión del año 2000. El crecimiento se debe fundamentalmente al incremento experimentado en las exportaciones. Pese a ello, la inversión extranjera registro en el mismo año una caída importante común denominador en el marco de la región andina.
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