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La constitución de la Asamblea Popular, el 1º de mayo de 1971 desnudó las diferencias entre el nacionalismo militar y una clase obrera que se sentía fuerte, para seguir su propio camino independiente al socialismo.

La revolución de 1952 se había hecho en nombre del fortalecimiento del Estado Nacional. Se entendía que tal propósito solo seria posible ampliando sus funciones lo que se hizo en extremo, y extendiendo la base territorial de su soberanía mediante la integración del país. Si bien el modelo logro disminuir el secular desequilibrio regional, no pudo abolirlo totalmente. Asumiéndolo como un mal dato, a mediados de los años 70, en pleno gobierno militar, paulatinamente comenzaron a organizarse entidades: los Comités Cívicos, que inicialmente demandaron una mejor distribución espacial de los recursos financieros y las obras emprendidas por el Estado.

El liderazgo en esta gestión lo asumió Santa Cruz, a no dudar el fruto más visible de las transformaciones operadas desde la Revolución Nacional. Con la certeza que solo de esta manera se podría vencer la inercia de la disgregación nacional, los distintos gobiernos, casi sin excepción, habían apoyado con créditos blandos, infraestructura y una política de preciso favorable el desarrollo cruceño, apuntalando la expansión de su agroindustria (algodón y caña de azúcar) y la ganadería, en manos de pocos propietarios latifundistas, prueba clara que la “tierra camba” sufrió escasamente los rigores revolucionarios de la Reforma Agraria de 1953.

Convertido en “polo de desarrollo” el acervo económico cruceño, logro un rápido, aunque contradictorio crecimiento que le permitió sobrepasar a Cochabamba, que hasta entonces detentaba el pergamino de ser el “segundo departamento del país”. En efecto la distribución regional del Producto Interno Bruto, es decir la sumatoria de servicios y bienes finales producidos en un país , evidencia que para 1980, La Paz participaba con un 29,1%, luego se hallaba Santa Cruz con un 20,7% y un tercer lugar Cochabamba. Claro esta que el crecimiento cruceño no fue acompañado con una situación similar en otros departamentos (Tarija, Beni, Pando, por ejemplo), que por el contrario carentes de apoyo estatal, vieron estancadas relativamente sus expectativas.

Al iniciarse la década de los años 80, luego de haber participado exitosamente en la movilización ciudadana en pro del retorno a la democracia conculcada por la “narco dictadura” de García Mesa, los Comités, tanto de las regiones “ricas” como las “pobres” empezaron a cuestionar los mecanismo de representatividad y conducción del gobierno central, aduciendo que la desigualdad era resultado del centralismo introducido férreamente por una “Revolución Nacional” que aspiraba a un Estado amplio y fuerte. De tal suerte la agenda política se vio tensionada por la temática de la descentralización, la misma que intermitentemente había aparecido en el firmamento político boliviano, en 1871, 1899 y 1925-1934.

La presencia de los movimientos regionales agrego una complicación a la supervivencia del discurso nacionalista e igualmente al sistema de representaciones políticas. Por una parte, para sus ojos, un estatismo confundido con el centralismo pareció anacrónico e innecesario de mantener; por otra, la COB, que hasta entonces había ostentado imbatible la voz de protesta frente al Estado encontró en los Comités Cívicos, serios competidores que proponían objetivos y proyectos que la entidad sindical estaba lejos, en esos momentos, de conciliar. En otros términos la COB, empezó a perder convocatoria a la para que los entes regionales empezaban a afirmar la suya.